La Comisión Europea ha adoptado hoy una Comunicación en respuesta a la iniciativa ciudadana europea (ICE) «Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible». Se trata de la duodécima iniciativa en recibir una respuesta formal de la Comisión desde que se pusieron en marcha las iniciativas ciudadanas europeas (ICE) en 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican en Europa alrededor de 483 000 abortos inseguros. Al tener el potencial de provocar diversas formas de daño físico y estrés mental grave y, por tanto, poner en peligro la vida de las mujeres, el aborto inseguro es una cuestión de salud pública. Como tal, la UE puede apoyar la actuación de los Estados miembros en dicho ámbito, respetando al mismo tiempo la responsabilidad de estos en la definición de su política sanitaria, así como en la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.
Tras analizar detenidamente la iniciativa y teniendo en cuenta las limitaciones que imponen los Tratados a las competencias de la Unión en el ámbito de la salud pública, la Comisión subraya que los Estados miembros pueden basarse en los instrumentos existentes de la UE para mejorar la igualdad de acceso a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluidos los servicios de aborto seguro.
Este apoyo de la UE puede prestarse a través del programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en caso de que los Estados miembros así lo deseen, voluntariamente y de conformidad con su legislación nacional, en particular utilizando o reasignando los recursos disponibles en el marco de sus programas del FSE+. Este Fondo podría utilizarse para mejorar el acceso de las mujeres embarazadas a servicios de aborto legalmente disponibles, asequibles y seguros. También puede apoyar los esfuerzos de estos Estados miembros, concediéndoles al mismo tiempo autonomía para determinar cómo y en qué condiciones se facilitará el acceso al aborto seguro y legal.
Dado que los Estados miembros que lo deseen ya pueden prestar el apoyo de la UE, en el marco de los instrumentos existentes y con relativa rapidez, no es necesario proponer un nuevo instrumento jurídico.